La protección civil es el conjunto de acciones permanentes de protección y atención de emergencias tendentes a prever, evitar, reducir y paliar el impacto sobre los ciudadanos de situaciones de riesgo, urgencia, emergencia, catástrofe o calamidad y la protección y socorro de las personas, bienes y medio ambiente en los casos en que dichas situaciones se produzcan.
Derechos de información y colaboración de los ciudadanos
Legalmente* los ciudadanos tenemos derecho respecto a la protección civil a recibir información sobre los riesgos colectivos que puedan afectarles, las causas y sus consecuencias previsibles.
Esta colaboración regular con las Administraciones públicas se hace a través de agrupaciones y organizaciones de protección civil.
Son derechos de los ciudadanos además:
recibir información;
recibir instrucciones sobre las medidas de seguridad a adoptar y las conductas a seguir;
En este derecho a la información en caso de emergencia, catástrofe o calamidad consumadas, primará el derecho a la información en el tiempo siempre que sea fiable;
Los ciudadanos tienen derecho a colaborar en las tareas de protección civil en la forma determinada en las normas y los planes de protección civil.
Los voluntarios de agrupaciones y organizaciones de voluntariado dispondrán de un seguro que cubrirá el riesgo de accidente y la responsabilidad civil que se derive del cumplimiento de sus funciones.
Cualquier ciudadano podrá alertar sobre circunstancias o actividades que puedan generar situaciones de emergencia ante la dirección general de protección civil de su Comunidad autónoma.
Si fuera necesario ocupar, intervenir, destruir o requisar bienes por las autoridades competentes en caso de emergencia, las personas afectadas tienen derecho a ser indemnizadas.
Deberes de los ciudadanos
Los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, están obligados a colaborar personal y materialmente en las tareas de protección civil, de acuerdo con lo establecido en los planes correspondientes o siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes.
Este deber de colaboración se concreta en:
En ser responsables personalmente y en su ámbito familiar ante la situación de riesgo (adoptar medidas de prevención y autoprotección, tanto individuales como colectivas, que salvaguarden la integridad física frente a riesgos externos al individuo).
En atender las informaciones sobre riesgos.
En evitar exposiciones temerarias que coloquen en situación de vulnerabilidad evidente.
En la prestación de auxilio en ausencia de servicios actuantes o en colaboración con estos.
En la realización o participación en ejercicios y simulacros.
En la intervención operativa en las situaciones donde sean requeridos.
En el cumplimiento de las prestaciones de carácter personal y material que determinen la autoridad competente o los agentes de la autoridad en situaciones de riesgo colectivo, emergencia, catástrofe o calamidad pública.
En el caso de los menores de edad, serán responsables del cumplimiento de deberes los padres, tutores o quienes ostenten la guarda de hecho o de derecho de aquellos.
* Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja (BOR de 11 de febrero de 2011).
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