Constitución española de 1978

Constitución española de 1978
Derechos del consumidor

Qué es una Constitución

Una Constitución, del latín cum (con) y statuere (establecer), es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo.

La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los tres poderes del Estado (poderes que, en los países occidentales modernos se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial) y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. También garantiza al pueblo derechos y libertades.

Constitución española de 1978

La Constitución española vigente data de 27 de diciembre de 1978 y regula por primera vez, expresamente los derechos de los consumidores y usuarios en su artículo 51. Este artículo 51 de la Constitución dice así:

  1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

  2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

  3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Este artículo es muy interesante para la época en la que se dictó (1978) porque entonces no había ningún precedente directos a este “deber de proteger los intereses de los consumidores españoles” ni en nuestro constitucionalismo español ni en el europeo comparado. Sí había una mención similar en la Constitución portuguesa de 1976, cuyo art. 81.m) afirma que corresponde prioritariamente al Estado proteger al consumidor, especialmente mediante el apoyo a la creación de cooperativas y de asociaciones de consumidores. Y también existían documentos de organismos supranacionales que hacían mención a la protección de los consumidores:

-La Carta de Protección de los Consumidores, aprobada por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa en 1973,

-El Informe publicado por la OCDE en 1972 sobre la política de protección a los consumidores en los Estados miembros de dicha organización, o

-La Resolución del Consejo de Ministros de la CEE de abril de 1976.

En desarrollo de este artículo 51 constitucional se dictó la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (hoy derogada) con el sonrojo que produzco la intoxicación por el aceite de colza adulterado que se vendió de forma ambulante, conocido como el síndrome tóxico.

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