Derechos del acogedor familiar

Derechos del acogedor familiar

Los expertos coinciden en que la familia de uno, la biológica, es la mejor solución para los menores de edad en situación de desamparo. Pero también están de acuerdo con que, cuando pueda haber desprotección en el círculo familiar propio, es necesario buscar un entorno familiar alternativo. En España está reconocida legalmente la figura del acogimiento familiar, especialmente para menores de 3 años, frente al acogimiento residencial, más recomendable para los adolescentes.

El acogedor familiar es la persona o personas quienes temporalmente acogen en su familia a un menor necesitado. Estos acogedores tienen una serie de deberes pero también, como veremos en este post, hay derechos del acogedor familiar.

Qué es el acogimiento familiar

El acogimiento familiar es una forma de ejercer la guarda de un menor a quien se ha acordado separar de su familia biológica en razón de la situación de riesgo o desamparo en que se encuentre, con la finalidad general de proporcionarle una atención sustitutiva o complementaria en un contexto familiar o de convivencia adecuado, atribuyéndose al efecto su guarda a persona o personas determinadas.

Qué es el acogedor familiar

El acogedor familiar es la persona que se ocupa, transitoriamente de recibir en su hogar a un menor de edad en situación de desprotección y que hace de guarda del menor.

Qué derechos tiene el acogedor familiar

La normativa (en España es de carácter autonómico), marca los siguientes derechos para el acogedor familiar:

a) derecho a la información y documentación.

Los acogedores familiares y las personas que se ofrezcan para ser acogedores podrán recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, la cual habrá de ser clara, coherente, adecuada, homogénea, actualizada y preferentemente por escrito.

Asimismo, los acogedores familiares podrán recibir inicialmente y a lo largo del desarrollo del acogimiento información relativa al menor, a su plan individual de intervención y a las medidas de protección que se adopten sobre el mismo, que puedan facilitarle o resultar necesarias para el ejercicio de la guarda, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal.

La Entidad Pública de Protección protocolizará la información que se ha de facilitar a los acogedores, así como la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor que se ha de entregar a los acogedores familiares.

b) derecho a ser oídos.

Los acogedores familiares podrán ser oídos por la Entidad Pública de Protección y su opinión ser valorada respecto al desarrollo de la medida de protección y la evolución del menor, así como sobre aquellos otros aspectos de la acción protectora sobre los que se solicite su opinión.

A estos efectos, la Entidad Pública de Protección podrá facilitar espacios de diálogo y escucha con los acogedores familiares con carácter previo adoptar decisiones que afecten al menor y especialmente antes de modificar o suspender el régimen de visitas, contactos, relaciones y comunicaciones con la familia de origen.

Las opiniones de los acogedores serán consideradas por la Entidad Pública de Protección, sin perjuicio de la competencia de ésta para adoptar la decisión que convenga al interés superior del menor.

c) derecho a recibir formación.

Se garantiza que los acogedores familiares y las personas que se ofrezcan para acoger reciban una formación inicial obligatoria, así como la actualización permanente y complementaria de la misma, al objeto de obtener una preparación y capacitación que les permita, en su caso, iniciar y desarrollar adecuadamente el proceso de acogimiento teniendo presente las necesidades de los menores protegidos y los retos que supone el desempeño del papel de acogedor familiar.

d) derecho a formular quejas y sugerencias.

Los acogedores familiares podrán formular quejas y sugerencias ante la Entidad Pública de Protección respecto a cualquier situación o aspecto relativo a la figura del acogimiento familiar o a un acogimiento en curso, y a ser escuchado, si así lo solicita, con anterioridad a la resolución de la queja.

Las discrepancias que pudieran surgir entre los acogedores familiares y la Entidad Pública de Protección o la entidad colaboradora con ocasión de decisiones o actuaciones sobre un acogimiento concreto, serán abordadas desde un análisis objetivo de las causas de la discrepancia a fin de posibilitar la resolución que mejor convenga al interés superior del menor, el cual se tomará en todo caso como referencia de todas las actuaciones, sin perjuicio de la competencia de la Entidad Pública de Protección para adoptar la decisión que mejor convenga a dicho interés superior y del derecho de los acogedores familiares a ejercer las acciones que pudieran corresponderle.

e) derecho al auxilio de la Entidad Pública.

Los acogedores familiares, en el ejercicio de sus funciones, podrán recabar el auxilio de la Entidad Pública de Protección.

f) derecho a la actualización de su ofrecimiento.

Los acogedores familiares y las personas que se ofrezcan para acoger podrán actualizar su ofrecimiento. Esta actualización habrá de realizarse en todo caso cuando varíen sus circunstancias personales y familiares que hubieran sido tenidas en cuenta para determinar su adecuación para acoger y, al menos, cada dos años, efectuándose seguidamente las modificaciones que procedieran en la inscripción registral del ofrecimiento.

g) derecho a la cooperación con la Entidad Pública de Protección.

Los acogedores familiares podrán cooperar con la Entidad Pública de Protección en los planes de actuación que se establezcan para la difusión, sensibilización y promoción del acogimiento familiar, así como en los seguimientos establecidos para cada acogimiento.

h) derecho a recibir una compensación económica.

Los acogedores familiares podrán percibir una compensación económica por los gastos de manutención del menor y otros gastos extraordinarios que generen, en la cuantía y con los requisitos que se estipulen en cada momento. La Entidad Pública de Protección establecerá los instrumentos precisos para homogeneizar y unificar el tipo, cuantía y gestión de las compensaciones económicas.

i) derecho a recibir apoyos en el ejercicio de la guarda.

Los acogedores familiares podrán disponer de los apoyos y ayudas que con carácter general o específico se determinen por la Entidad Pública de Protección para el buen desarrollo del ejercicio de la guarda.

Normativa de servicios sociales en CyL

 Estatuto de Autonomía de Castilla y León (su artículo 70.1 otorga a CyL la competencia exclusiva en materia de “Asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario).

 Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León.

 Decreto 37/2006, de 25 de mayo por el que se regulan los acogimientos familiares de menores en situación de riesgo o desamparo

 Ley 6/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

*Resolución de 17 de enero de 2017, de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se aprueba y da publicidad al Estatuto de los Acogedores Familiares en Castilla y León (BOCYL de 31 de enero de 2017).

Eva María

Licenciada en Derecho y Postgrado en traducción. Soy una profesional por cuenta propia que se dedica a la traducción de documentación y al mantenimiento de sitios web, en particular mantengo el sitio www.consumoteca.com.Colaboro con Consumoteca porque creo en este proyecto y creo que hacía falta ordenar la información de ayuda a la compra y presentarla de una forma amigable, en una web bien diseñada. Animando a la gente a que se exprese se está dando un gran paso adelante en la emancipación de los consumidores españoles.

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