Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid

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Los servicios sociales son una serie de servicios, prestaciones y actividades que se prestan a través del Sistema Público de Servicios Sociales de un territorio a personas vulnerables por cualquier causa. La causa de esta vulnerabilidad puede ser económica, tener una edad avanzada que nos impide valernos por nosotros mismos, ser menores de edad sin padres o tutores, ser víctimas de cualquier delito, etc.). En este post vemos los derechos de los usuarios de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid.

Ley de servicios sociales de la CAM

El 21 de diciembre de 2022 se aprobó la nueva Ley de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, que viene a actualizar y derogar la anterior ley de 2003.

En su artículo 5 detalla los derechos de los usuarios de servicios sociales en la Comunidad de Madrid. Y en el artículo 6 los deberes de estos usuarios.

Derechos de los usuarios de servicios sociales

Los derechos de los usuarios de servicios sociales en la Comunidad de Madrid se pueden clasificar como derechos en sí y como derechos en relación con los centros de atención donde se prestan estos servicios.

Derecho a recibir servicios sociales

Toda persona que acceda al Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid tiene derecho a (art. 5.1) acceder a estos servicios sin ningún tipo de discriminación. Y a que un profesional evalúe su situación inicial y le proponga un «plan individualizado de atención».

a) Recibir una información suficiente y veraz, en términos comprensibles, y universalmente accesible, sobre las prestaciones y los derechos públicos subjetivos comprendidos en el marco del sistema y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos.

b) Ser atendidos de forma individualizada, en condiciones de igualdad y no discriminación, de manera que respete la dignidad personal, basada en la mutua consideración, tolerancia y colaboración.

También el derecho a tener asignado un profesional de referencia que asegure la coherencia y globalidad del proceso de atención y la libre elección del mismo, en los términos que se establezcan por vía reglamentaria, sin perjuicio de la intervención de otros profesionales conforme a la naturaleza de cada necesidad.

c) Derecho a obtener una valoración inicial que permita articular un plan individualizado de intervención ajustado a sus necesidades y orientado a la promoción de su autonomía, inclusión social y calidad de vida y coordinado, cuando esté indicado, con otros sistemas de atención y promoción social como el sanitario, educativo, de empleo, de vivienda y aquellos otros que puedan confluir con la acción de los servicios sociales.

d) Participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención social y elegir el tipo de medidas o recursos a aplicar, cuando sea posible en virtud del tipo de intervención realizada, entre las opciones presentadas por los profesionales que atienden su caso.

e) Recibir, en su caso, el apoyo necesario en el ejercicio de su capacidad jurídica, de conformidad con el Código Civil.

Una vez hecha su valoración, el usuario tiene derecho a disponer de una historia social única, que puede ser digital (historia social única eléctrónica) para que pueda ser accedida por los profesionales y por el usuario. La información contenida en su historia social será tratada con confidencialidad.

f) Disponer de una Historia Social Única, accesible de forma universal para el usuario, el profesional de referencia y aquellos cuya intervención se requiera para prestar una atención personalizada e integral.

g) Obtener la garantía de confidencialidad respecto a la información que sea conocida por los servicios sociales en el proceso de evaluación, prestación de servicios y acompañamiento profesional y la protección de sus datos personales con arreglo a la legislación vigente.

Finalmente, el usuario tendrá derecho a recibir la prestación que el equipo evaluador haya propuesto:

h) Acceder y cesar voluntariamente en la utilización de la prestación, en los términos legalmente establecidos, así como mantener su continuidad siempre que persistan las condiciones que originaron su concesión. En ningún caso podrá establecerse una intervención o ingreso en centro sin la voluntad del usuario y que suponga privación o restricción de la libertad individual salvo en los casos y con las formas previstas en la ley.

Podrá quejarse o reclamar si los servicios no se prestan adecuadamente y participar en los órganos de representación del Sistema Público de Servicios Sociales:

i) Acceder a los cauces de información, sugerencia y queja que permitan el ejercicio efectivo y la defensa de sus derechos.

j) Participar en los órganos de representación del Sistema Público de Servicios Sociales, directamente o a través de las asociaciones legalmente constituidas para la defensa de sus derechos, así como en aquellos órganos de participación que pudieran existir en el ámbito de actuación de la iniciativa privada, en la forma que se determine en el reglamento de su creación.

k) Recibir la información necesaria para el cumplimiento de las funciones de participación en las que intervenga, bien sea a título individual o como representantes de entidades, de acuerdo con la legislación vigente.

l) Obtener respuesta de las Administraciones públicas en el plazo legalmente establecido, en el ejercicio de los derechos contenidos en este artículo.

Derechos en los centros de servicios sociales

Los servicios sociales se podrán prestar en el domicilio del usuario o en centros y servicios de atención social.

Los centros donde se realicen los servicios sociales en la Comunidad de Madrid (los habrá de atención primaria y especializada) deberán contar con un reglamento de régimen interior en el que se establezcan las conductas admitidad, el régimen de visitas, los horarios, los servicios prestados, los derechos y obligaciones de usuarios, familiares y otras visitas, etc.).

En estos centros donde se presten los servicios sociales, el usuario tendrá estos derechos (art 5.2):

2. En relación con la atención en los centros y los servicios de atención social del Sistema Público de Servicios Sociales, toda persona usuaria tendrá, además de los señalados en el número anterior, derecho a:

a) Acceder a los centros o servicios en condiciones de igualdad y no discriminación.

b) Obtener un programa de intervención individual definido y realizado con la participación y el conocimiento del usuario.

c) Preservar la intimidad personal y familiar.

d) Mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas, con las limitaciones que puedan establecerse en virtud de resolución administrativa o judicial, en los casos previstos por la ley.

e) Participar en las actividades que se desarrollen en el centro o servicio.

f) Conocer el reglamento de régimen interior, que garantizará sus derechos.

g) Ingresar, permanecer en el centro y salir de él libremente mientras dure su estancia, con respeto a las normas de convivencia y funcionamiento establecidas, que no podrán afectar negativamente al desarrollo de su vida personal y social, sin perjuicio de lo dispuesto, cuando proceda, por la autoridad judicial respecto de las personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y menores de edad con medidas judiciales o de protección.

h) No ser sometidas a restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción facultativa ni supervisión. Cuando exista un riesgo evidente para la seguridad de los usuarios u otras personas y resulte necesaria la adopción de medidas urgentes de esta naturaleza, estas deberán recibir validación facultativa en el plazo más breve posible y, en todo caso, inferior a 24 horas. Las actuaciones se motivarán por escrito y tendrán constancia formal en la Historia Social Única de los usuarios, de acuerdo con lo que se establezca por vía reglamentaria.

Y tendrán derecho a conocer estos derechos por estar expuestos en un lugar visible de los centros y servicios de atención social (o recibirlos en papel por email en caso de servicios a domicilio):

3. La relación de derechos de los usuarios deberá exponerse en lugar visible en los centros y servicios de atención social. En el caso de los servicios prestados a domicilio, se facilitará copia escrita en formato digital o papel.

Normativa relacionada

Es normativa sobre servicios sociales en la Comunidad de Madrid:

  • Orden 1311/2017, de 3 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid (derogada).
  • Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (derogada).
  • Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (derogada).
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