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La asistencia sanitaria es el conjunto de informaciones, cuidados, intervenciones y tratamientos médicos y farmacéuticos que reciben las personas enfermas por parte de los profesionales sanitarios.
En España todas las personas tienen derecho a la atención sanitaria adecuada a sus necesidades individuales y colectivas, de conformidad con lo previsto sobre prestaciones en la legislación vigente.
Toda persona tiene derecho a una asistencia sanitaria dirigida a facilitar la recuperación más completa posible de las funciones biológicas, psicológicas y sociales.
Derecho a recibir asistencia sanitaria
El derecho a la asistencia sanitaria es el derecho de los trabajadores y pensionistas y de sus familiares a cargo, incluidos los acogidos de hecho, a recibir tratamiento médico y farmacéutico, con las condiciones, contenido, modalidades y duración que establecen las normas.
Este derecho se ha ido ampliando paulatinamente a todo tipo de usuarios (con o «sin papeles») de manera que hoy es un derecho universal y gratuito reconocido por las Comunidades autónomas en España.
En España en manos de las Comunidades autónomas
La asistencia sanitaria es dispensada por los correspondientes Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta y Melilla.
También tienen derecho a la asistencia sanitaria las personas sin recursos suficientes y los extranjeros, en este último caso con las condiciones establecidas en la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Reconocido por la Constitución
La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud en su artículo 43, que dice así:
1.Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Esto incluye el derecho a la obtención de los medicamentos y productos sanitarios que necesite para promover, conservar o restablecer su salud. Y ello de acuerdo con los criterios básicos de uso racional, en los términos establecidos en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (ver PDF).
