Los Ayuntamientos (también conocidos como entidades locales, corporaciones municipales o corporaciones locales) son el órgano de administración de un municipio que suele estar formado por un alcalde (ostenta la presidencia de la administración local y del pleno) y los concejales o ediles que reunidos en pleno ejercen la potestad normativa a nivel local).

En materia de protección de los consumidores, corresponde a las entidades locales velar por la protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de su territorio y respecto a su población, con el alcance y contenido que les atribuyen las leyes y el resto de normas jurídicas que les sean de aplicación, en el marco de la planificación y programación generales establecidas por las Comunidades Autónomas*, sin perjuicio, no obstante, de las planificaciones propias o complementarias que sean de preferente aplicación.

Competencias locales
En concreto, según la normativa*, las entidades locales ejercerán en su ámbito territorial las siguientes competencias:

a) La inspección de productos, bienes y servicios puestos a disposición del consumidor para comprobar su adecuación a la normativa que los regula, su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetado, presentación y publicidad y los demás requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad.

b) Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de crisis o emergencia que afecten a la salud y seguridad o intereses económicos y sociales de los consumidores.

c) Desarrollar actuaciones de información y formación dirigidas a consumidores. En especial, mediante la implantación de oficinas y servicios de información al consumidor.

d) El ejercicio de la potestad sancionadora en los términos previstos en esta ley.

e) Colaborar y participar en el sistema arbitral de consumo.

f) El ejercicio de las acciones judiciales que en defensa de los consumidores le reconozca la legislación aplicable.

g) Las demás que le atribuyan las leyes, así como el ejercicio de las que le delegue la administración de su Comunidad Autónoma de conformidad con la legislación estatal y autonómica de régimen local.

Las entidades locales, por razones de economía, coordinación o carencia de medios, podrán requerir la actuación de su Comunidad Autónoma en el ejercicio y desarrollo de sus competencias en materia de protección al consumidor.

Asimismo podrán utilizar, en la forma y con los límites previstos en la normativa aplicable en materia de régimen local, las fórmulas asociativas que estimen oportunas para el ejercicio de las competencias previstas en la ley.

* Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana (DOCV de 24 de marzo de 2011).