El sector de las reformas y reparaciones en el hogar por parte de profesionales o “chapuzas” en algunos casos, genera muchos abusos por no respetarse derechos del usuario como el de conocer los precios por tiempo de trabajo, los gastos de desplazamiento o los servicios ofertados, y el derecho básico a que se nos haga un presupuesto previo.

Es sorprendente, por tanto, que no haya una normativa a nivel estatal sobre este sector.

No obstante, prácticamente, todas las Comunidades autónomas han elaborado normativas sobre este sector concreto.

A modo de ejemplo citamos aquí algunas normativas sueltas:

 Comunidad Autónoma de Madrid:

-Decreto 35/1995, de 20 de Abril (BOCM de 6 de junio de 1995), por el que se regula la actividad de prestación de servicios a domicilio.

Este Decreto está pensando fundamentalmente para aquellas reparaciones u obras de fontanería, albañilería, electricidad, carpintería, etc., que deben ejecutarse total o parcialmente en un domicilio privado.

 Comunidad Valenciana:

-Decreto 11/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la actividad de prestación de servicios a domicilio.

 Principado de Asturias:

-Decreto 25/1996, de 20 de junio de 1996, que regula la actividad de prestación de servicios a domicilio y el Decreto 100/2004, de 30 de diciembre de 2004, que lo modifica.