Un administrado es el beneficiario de los servicios prestados por las administraciones públicas a todos sus niveles (Unión Europea, Estado español, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento).

Entre estos servicios destacan la educación, la salud, las prestaciones sociales, la seguridad y la defensa, el alumbrado, las carreteras, etc.

El Defensor del Pueblo, es la figura institucional que vela por que las relaciones de los administrados con las administraciones públicas sean conformes al Derecho administrativo.

Un administrado es un concepto más amplio que el de contribuyente, porque puede haber beneficiarios de los servicios públicos que no sean contribuyentes (no llegan al mínimo exigible, están en paro, no tributan, etc.) aunque todo contribuyente paga tributos para beneficiarse, como administrado, de los servicios públicos y contribuir a que los demás también.