La administración de consumo es el conjunto de administraciones públicas a todos los niveles de la Administración del Estado encargadas de velar por la protección de los consumidores y usuarios.

La administración de consumo que protege a los consumidores españoles tiene diversos niveles:

-Unión Europea:
Al máximo nivel, destaca la Dirección General XXIV (de Sanidad y Consumo -SANCO) de la Comisión Europea, que dicta normas de obligada trasposición en el ordenamiento español llamadas Directivas;

-Estado español:
A nivel estatal el Instituto Nacional del Consumo (INC), es el organismo de consumo encargado de coordinar las relaciones en materia de consumo (campañas informativas, análisis comparativos de productos, campañas de inspección, etc.) entre la DG XXIV y los Servicios de Consumo de las Comunidades Autónomas (que son quienes tienen transferidas las competencias en materia de política de defensa de los consumidores);

-Comunidades Autónomas:
A través de sus Servicios de Consumo, las Comunidades Autónomas dictan las normas y establecen las inspecciones sobre el mercado necesarias para hacer respetar el ordenamiento, en materia de consumo. Además coordinan a los Ayuntamientos de su área territorial;

-Ayuntamientos:
En el ámbito local, los Ayuntamientos (los más grandes disponen a su vez de Juntas de Distrito) también disponen de Concejalías de Consumo desde las cuales se vela por el cumplimiento de la normativa de consumo, especialmente las Ordenanzas municipales y demás normas autonómicas, estatales y europeas de protección de los consumidores así como de informar, formar y atender a los consumidores existe una red de oficinas municipales de información al consumidor (OMIC).