En sentido amplio, la vía judicial es uno de los recursos de las personas para resolver controversias.

En materia de Consumo, la vía judicial es el recurso de los consumidores y usuarios a los Tribunales de Justicia para resolver disputas o pequeños conflictos de consumo con profesionales y empresarios comerciantes.

Este recurso es costoso para el consumidor y requiere además el concurso de profesionales del Derecho como los abogados y los procuradores. Ahora bien, existen dos posibilidades en las que el consumidor puede recurrir a la vía judicial desprovisto de estos profesionales: el juicio verbal y el procedimiento monitorio.

 Si el importe de la reclamación es cuantificable y por importe inferior a 900 euros, la Ley prevé la posibilidad de solicitar un juicio verbal para el cual no es necesaria la representación por un abogado ni un procurador.

 Igualmente se puede presentar sin abogado ni procurador el escrito inicial de petición del denominado “proceso monitorio”, para reclamación de deudas dinerarias de menos de 30.000€ y que consten documentadas.

La vía judicial es el último recurso legal que tiene el consumidor o usuario para hacer valer sus derechos frente a un comerciante o profesional con el que sostiene una disputa de consumo.

Mecanismos extrajudiciales
Vista la complejidad de la vía judicial para resolver las pequeñas controversias de consumo, el ordenamiento español ha creado un sistema extrajudicial bastante más ágil, gratuito y fácil de llevar a cabo: el arbitraje de consumo (con sus variantes en sectores como el transporte, con el arbitraje de transporte).