Los Servicios de Consumo son los organismos de la Administración (de consumo) y todo su personal adscrito, encargados de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de los consumidores en su área de competencia, normalmente la Comunidad autónoma o el Ayuntamiento.

En el ejercicio de sus funciones, los servicios de consumo están encargados de:

 hacer campañas informativas, 

 educación de los consumidores y de los empresarios y profesionales,

 inspección, 

 audiencia de las asociaciones profesionales y de las asociaciones de consumidores,

 financiación de las asociaciones de consumidores, etc.

Hay Servicios de consumo a todos los niveles: estatal (Instituto Nacional del Consumo y sus entidades adscritas), de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.

Principios y fines de la protección en materia de consumo
La actuación de los servicios de consumo tiene como finalidad fundamental la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios y de sus derechos económicos y sociales.

A tal fin, las administraciones públicas de consumo hacen inspección y control sobre los productos, bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores en los mercados.

Actuaciones de protección
Los servicios de consumo están obligados a desarrollar todo tipo de acciones administrativas o judiciales necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios recogidos por ley, en sus normas de desarrollo, o en la correspondiente legislación sectorial. 

En especial, y sin perjuicio de otras medidas que puedan resultar oportunas, deberán realizarse las siguientes actuaciones:

a) Vigilancia, control e inspección de los productos, bienes y servicios.

b) Adopción de las medidas administrativas oportunas para la protección frente a cualquier tipo de riesgo para las personas.

c) Instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores cuando se produzca algún tipo de infracción en materia de consumo.

d) Adopción de las medidas provisionales que se consideren necesarias para garantizar la seguridad de los productos, bienes y servicios.

e) Coordinación de actuaciones de los diferentes órganos y administraciones con competencia en aspectos relacionados con el consumo.