En materia de consumo la Administración (pública) es el conjunto de instituciones públicas cuya finalidad es ejercer la función administrativa del Estado, poniendo en contacto directo a los ciudadanos con el poder político, con el objetivo de satisfacer sus necesidades de servicios generales (alumbrado, saneamiento, ordenación del comercio, protección del consumidor, sanidad, servicios sociales, educación, defensa, etc.).

Los Servicios de consumo de las Comunidades Autónomas y los de los Ayuntamientos velan por nuestros intereses y derechos como consumidores y usuarios.

El Defensor del Pueblo se ocupa de velar por que las relaciones entre las administraciones públicas y los administrados sean conforme a la ley.